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La figura del perito informático cada vez más presente en los juzgados

Cada vez es más frecuente que se requiera soporte de especialistas en informática para la resolución de un caso judicial. Hay muchos casos relacionados con la propiedad intelectual, los fraudes o el espionaje que requieren un informe pericial de un experto en informática. Los aparatos y dispositivos electrónicos son utilizados en nuestro día a día, por lo que es muy común que hayan sido usados para cometer un delito.

El Perito informático debe ser un perito judicial, ya que su objetivo es elaborar un informe que sirva como soporte al juez del caso para aclarar los hechos relacionados con la informática. El perito debe de analizar esos elementos con el fin de encontrar pruebas o indicios para el juicio en cuestión. El perfil profesional de un perito informático debería ser una persona con una formación técnica que esté dotado de conocimientos profundos en técnicas de análisis y recuperación de datos. Además, lo más recomendable es que el perito tenga conocimientos legales sobre el sistema judicial y las implicaciones de las pruebas en el transcurso del proceso.

El perito informático cumple las mismas funciones que cualquier perito judicial emitiendo un informe donde plasme las conclusiones o resultados de su investigación, la única diferencia entre los diferentes peritos profesionales es la temática en la que están especializados. El juez, el Ministerio Fiscal o el abogado son los que reclaman un informe basado en los hechos de interés, ya sean a nivel psicológico para saber el estado mental del acusado o de la víctima, o de los indicios informáticos en el caso de que se requiera ese tipo de análisis. Todo perito debe de asegurarse de que la cadena de custodia se conserve sin ninguna alteración o manipulación para no modificar las evidencias durante todo el proceso judicial.

Los ámbitos de intervención para los peritos informáticos son los siguientes:

–       Ámbito mercantil, en casos como publicidad engañosa, incumplimiento de contratos y valoración de bienes informáticos.

–       Ámbito penal como revelación de secretos, delitos económicos ejecutados mediante aparatos electrónicos, delitos contra la propiedad intelectual, vulneración de la intimidad de lectura de correo electrónico u otros datos personales y estafas mediante programas informáticos.

–       Ámbito laboral en el uso indebido de aparatos electrónicos y despido por motivos relacionados con la tecnología.

–       Extrajudicial como valoración de daños para seguros, arbitraje o prueba a petición de una de las partes

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